22 enero, 2022

Proceso/Marca Registrada Noticias

Considerado como un gobierno con “inclinaciones autocráticas”, el de Andrés Manuel López Obrador ha continuado con la tendencia de sus antecesores de registrar graves violaciones a derechos humanos, alertó Human Rights Watch en su reciente Informe Mundial 2022.

“Las violaciones de derechos humanos -incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos- han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, indicó el documento divulgado este jueves.

En el capito dedicado a México, la organización internacional destacó sobre la decisión de López Obrador de ampliar “considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas del orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y la operación de megaproyectos”.

La organización destacó que los abusos castrenses no han parado, y prueba de ello es que de 2013 y 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 3 mil 799 quejas vinculadas con militares.

Al destacar que en julio de 2021 el presidente propuso dejar en control de la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la  Guardia Nacional, creada en 2019, “dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados”, HRW señaló que “actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias”, situación que en gobiernos anteriores “contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos”.

Entre las violaciones a derechos humanos cometidos por militares, HRW recordó la difusión de un video en el que se advierte la orden a militares de matar a un civil, luego de un enfrentamiento con 12 personas civiles que viajaban en un vehículo, en julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hechos fueron investigados en el ámbito militar, según la Sedena, y que hasta marzo de 2021 “no se había detenido a soldados en  relación con el hecho, a pesar de la evidencia en el video”.

En tanto, en septiembre de 2021, la Sedena “admitió que al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de la Fuerzas Armadas durante la presidencia de López Obrador”, en tanto que la dependencia “ha pagado indemnizaciones a las familias pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente”.

Entre los temas de alerta, HRW destacó que mientras la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha transparentado la cantidad de personas desaparecidas, “los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por investigar desapariciones o identificar a los responsables son muy limitados”.

De relevancia, consideró que el gobierno actual tenga el registró de “más de 90 mil personas desaparecidas, la mayoría desde 2006”,  de los cuales “más de 23 mil figuran como desaparecidas desde que López Obrador asumió la presidencia en 2018”.

La organización resaltó que de 2006 a 2020 hay al menos 50 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, en tanto que de 2006 a 2021 se han encontrado al menos 4 mil fosas clandestinas, de ahí la importancia de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que cuenta con siete expertos a partir de agosto de 2021 para abordar la crisis forense.

HRW lamentó que México se mantenga como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico en el mundo, pero también en el que persiste la impunidad, al destacar que “desde su creación en 2010 hasta agosto de 2021, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar delitos contra periodistas ha iniciado más de 3 mil 362 investigaciones, presentado 265 cargos por delitos y obtenido 25 condenas”.

Alertó que mientras en octubre de 2020 se eliminó el fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, han sido asesinados seis periodistas que contaban con medidas de protección, cuatro de ellos durante la administración de López Obrador.

En cuanto a la situación de defensores de derechos humanos, la situación no es mejor: “entre enero y septiembre de 2021, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 10 asesinatos” de activistas, hechos que al igual que los periodistas “casi nunca son investigados ni juzgados”.

En materia de migración, la organización señaló a López Obrador de colaborar con Estados Unidos “en políticas abusivas contra la migración, que incluyen la expulsión ilegal de migrantes y solicitantes de asilo en aviones y autobuses a América Central”.

HRW señaló que el gobierno actual “no brindó protección policial ni acceso a la justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 mil solicitantes de asilo, incluyendo muchas familias con niños que fueron enviados a México”, como parte del programa “Quédate en México”, mientras que se ha expulsado a miles de solicitantes de asilo “ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y trasferidos a la custodia de autoridades mexicanas”.

El documento alertó sobre otros temas como los “índices alarmantes de violencia de género” , registrándose casi mil feminicidios en 2020; la falta de atención y garantías para las personas con discapacidad, siendo atendidas sólo 933 mil con becas, frente a las más de 6 millones de personas que viven en esa condición en el país; de deficiente atención a la pandemia de covid-19, y una política errática frente al cambio climático.

En su relatoría sobre México, HRW mencionó la designación “inconstitucional” de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH en noviembre de 2019, toda vez que, “como ex integrante del comité ejecutivo del partido al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para operar de manera autónoma y apolítica”.

De igual manera, incluyó en sus consideraciones la consulta pública de agosto de 2021 para determinar si “actores políticos” del pasado deberían ser juzgados, que resultó infructuosa por la escasa participación ciudadana.

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